Una reciente publicación del Consejo Nacional Agropecuario, menciona que la gestión del agua se ha convertido en uno de los temas más complejos y estratégicos del escenario global actual, debido a su transversalidad entre la sostenibilidad ambiental, el satisfacer las necesidades locales en los países y el atender compromisos internacionales.
Aunque todos los países tienen el derecho soberano de regular sus recursos naturales, en la práctica diversos factores como tratados internacionales, derechos humanos, intereses privados y compromisos multilaterales condicionan las decisiones internas. El caso del agua es sensible: organismos como la ONU promueven metas ambiciosas dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), centrado en garantizar acceso y saneamiento para todos; sin embargo, los avances han sido desiguales, y los países más pobres enfrentan mayores desafíos por falta de infraestructura, financiamiento y acceso a tecnologías.
La presión internacional también se ha estado incrementado, los países desarrollados han estado promoviendo políticas ambientales sin tomar en cuenta las realidades locales de las naciones más vulnerables. El Acuerdo de 1962 de la ONU sobre Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales establece el derecho de los pueblos a regular sus recursos conforme a sus propias prioridades; no obstante, en el contexto actual, esta soberanía se ve amenazada por decisiones impuestas desde las naciones con mayor influencia.
En este contexto, la administración estadounidense ha optado por debilitar las regulaciones ambientales en su país, priorizando el consumo interno de recursos naturales como el agua y los energéticos fósiles. Además, el presidente ha intensificado el conflicto con México al negar el suministro de agua del río Colorado a Tijuana y exigir el cumplimiento estricto del Tratado de Aguas de 1944, amenazando incluso con sanciones comerciales.
En fechas recientes el tema del agua se convirtió en un punto de fricción entre los dos países; en 2024 una sequía afectó severamente el cumplimiento de nuestro país con el tratado, pues las principales presas del norte estaban en niveles críticos. A pesar de ello, México ha mantenido sus compromisos, aunque con entregas parciales y propuestas de cooperación. La presión de EE.UU., en especial desde Texas, ha derivado en nuevas exigencias, ignorando la emergencia hídrica que enfrenta nuestra nación.
Esto presenta una serie de implicaciones políticas, económicas y ambientales de las recientes decisiones de la administración Trump, especialmente aquellas relacionadas con los recursos hídricos y la agricultura. Donde se debe tener una repuesta institucional de parte de México, con relación a los retos del cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 en escenarios de sequía, y las propuestas para lograr una gobernanza más justa y sostenible del agua en el marco de la cooperación internacional.