De acuerdo con el director general del Consejo Nacional Agropecuario, Luis Fernando Haro, 2026 se perfila como un año decisivo para el sector agroalimentario. Más allá de una mejora en las condiciones productivas respecto a los años recientes, el sector enfrentará definiciones clave en materia de comercio internacional, sanidad, mercados, política laboral y políticas públicas estructurales que marcarán su rumbo en el mediano y largo plazo.
Mejores condiciones productivas tras años de sequía
A diferencia de ciclos anteriores, 2026 iniciará bajo un escenario climático relativamente más favorable, luego de varios años marcados por sequías severas. Esta mejora genera expectativas de recuperación en rendimientos agrícolas y pecuarios, así como una mayor estabilidad productiva. Sin embargo, este contexto no debe interpretarse como un retorno a la normalidad, sino como una oportunidad para acelerar acciones de adaptación, modernización y uso eficiente de los recursos naturales, particularmente del agua.
La revisión del TMEC: un punto de inflexión para el agroexportador
Uno de los procesos más relevantes será la revisión del TMEC. El sector agroalimentario seguirá con atención este proceso, considerando que más del 85% de las exportaciones agropecuarias mexicanas se concentran en Norteamérica. Las definiciones que se adopten en materia de acceso a mercados, reglas comerciales y medidas sanitarias tendrán impactos directos en la planeación productiva, la inversión y la competitividad del agro nacional.
Granos básicos: precios internacionales a la baja y necesidad de ordenamiento
Las perspectivas de los mercados internacionales apuntan a una tendencia a la baja en los precios de granos como maíz, trigo y sorgo. Este escenario incrementa la presión sobre los márgenes de los productores y hace indispensable evaluar si en 2026 se logra implementar un verdadero programa de ordenamiento productivo y de comercialización que otorgue certidumbre, reduzca distorsiones y fortalezca el mercado interno frente a la volatilidad global.
El factor laboral: escasez de mano de obra y necesidad de flexibilidad
En materia laboral, el sector enfrenta un reto estructural que se agudizará en 2026: la escasez de mano de obra en el campo. A este problema se suma la discusión sobre la reducción de la jornada laboral, que debe abordarse con un enfoque diferenciado para el sector agroalimentario.
El trabajo en el campo se realiza con seres vivos y bajo condiciones naturales y biológicas que no siempre se ajustan a esquemas rígidos de horario. Por ello, cualquier reforma laboral debe contemplar flexibilidad operativa, esquemas especiales y mecanismos que permitan mantener la productividad sin afectar la viabilidad de las unidades de producción, especialmente en un contexto de limitada disponibilidad de trabajadores.
Política pública, agua y seguridad alimentaria
El 2026 será clave para contar con definiciones claras en materia de políticas públicas hacia el sector agroalimentario. Garantizar el abasto suficiente y asequible de alimentos debe asumirse como un tema de seguridad nacional. La reciente reforma al marco jurídico del agua obliga a avanzar hacia un uso más eficiente del vital líquido, particularmente en la agricultura.
Si bien es cierto que alrededor del 75% del agua disponible se utiliza en el sector agrícola, también lo es que este recurso se destina a la producción de alimentos, actividad estrechamente vinculada a derechos consagrados en la Constitución, como el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, y el derecho a la alimentación. En este contexto, la modernización del campo, la tecnificación del riego y la innovación productiva no son opcionales, sino indispensables.
El financiamiento como palanca del desarrollo agroalimentario
El acceso al financiamiento será un factor determinante para el desarrollo del sector agroalimentario en 2026. Resulta indispensable incentivar nuevos modelos financieros, instrumentos de administración de riesgos y estructuras de crédito que permitan ampliar la base de acreditados, especialmente entre pequeños y medianos productores, así como en eslabones estratégicos de las cadenas de valor.
La disponibilidad de financiamiento con tasas preferenciales y condiciones más competitivas es clave para impulsar la inversión productiva, la adopción tecnológica, la modernización del campo y la sustentabilidad. En este sentido, FIRA ha implementado una serie de programas orientados a fortalecer la productividad, la sustentabilidad y la modernización del sector agroalimentario.
No obstante, es indispensable ampliar estos recursos y fortalecer los esquemas de garantías, coberturas y administración de riesgos, así como lograr una participación más activa de la banca comercial en el desarrollo y crecimiento del sector agroalimentario mexicano. El financiamiento debe entenderse no solo como un apoyo, sino como una herramienta estratégica para detonar competitividad y crecimiento sostenible.
Oportunidades de desarrollo y visión de largo plazo
El campo mexicano ofrece grandes oportunidades de desarrollo a lo largo y ancho del país. Para aprovecharlas, es necesario definir con claridad la vocación productiva de cada región, incentivar la inversión y fortalecer las cadenas de valor. Esto solo será posible si se generan condiciones de certidumbre, seguridad, estado de derecho, así como bienes y servicios competitivos que hagan viable y atractiva la actividad agroalimentaria.
Conclusión
El crecimiento del sector agroalimentario no debe entenderse únicamente como su capacidad para producir alimentos. El sector genera empleos, impulsa la derrama económica en regiones rurales, aporta divisas al país y, lo más importante, contribuye de manera directa a generar mayor bienestar para toda la población.
El 2026 será un año de definiciones. Las decisiones que se tomen hoy determinarán si el campo mexicano consolida su papel estratégico en la economía, la seguridad alimentaria y el desarrollo social del país.