¿Cómo impactará la modificación a la Ley del Trabajo a productores del campo?



Las nuevas disposiciones aprobadas para los trabajadores del campo impactarán significativamente los costos de producción para los productores, en un ambiente de baja rentabilidad y alta incertidumbre por la sequía generalizada en el país. El pasado 24 de enero se publicó en el diario oficial el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de derechos laborales de las personas trabajadoras del campo. Esta modificación incrementa las responsabilidades para los empleadores en la contratación de jornaleros. Si bien muchas de estas ya son atendidas por los productores formales, puede impactar a los pequeños productores que no tienen la infraestructura necesaria para brindar todos los servicios que ahora serán obligatorios.

Es importante resaltar que las agrícolas formales ya cumplen con las disposiciones que ahora son obligatorias por ley, tales como dar un alejamiento seguro, tener guarderías en los campos, escuelas para los hijos de los jornaleros y atención de su salud, a lo que se le añade ahora promover la alfabetización de los trabajadores y sus familias que sea multicultural y plurilingüe, apoyarlos en temas médicos, el traslado para ellos y sus familias, además de proveer de alimentación para la jornada laboral que sea saludable, suficiente y variada.

Pero hay otras que se contraponen con otras disposiciones como el que no pueden trabajar menores de 18 años, cuando ya se había estado trabajando para que lo pudieran hacer los mayores de 16 años, para homologarnos con nuestros socios comerciales. Este tipo de disposiciones podría ser usada por los competidores de otros países para acusar a nuestros productores de violaciones a las leyes de nuestro país, ya que esta modificación inicio su vigencia un día después de su publicación, lo que puede traer disputas comerciales y laborales a los productores.

 

Por su parte el Presidente de la AARC, Ing. Enrique Riveros comentó que el nuevo decreto de la Ley Federal del Trabajo, así como de la Ley del Seguro Social en materia de los derechos laborales de las personas que trabajan en el campo es positivo, pero es imposible de cumplir por los agricultores, que antes tenían apoyos del Gobierno Federal para alimentación, salud, educación, vivienda, guarderías y transporte para los jornaleros y sus familias, y hoy este gobierno llega y quita todos estos beneficios y ahora de un día para otro quiere que los paguen los productores.

 

Sostuvo que con duros trabajos todos estos apoyos antes enlistados los podrían hacer los grandes horticultores de exportación, y ahora quiere que todos los que se dediquen al sector primario, es decir, agricultores, ganaderos y pescadores, estarán obligados a dar todos estos servicios a sus trabajadores independientemente si son productores pequeños o medianos.

 

Una de las quejas de los productores, es que esta modificación no fue consultada con ellos para que los legisladores pudieran conocer los impactos que una reforma de este tipo pudiera generar en los costos de producción y en la competitividad de los productores formales. Donde además de cubrir las cuotas de IMSS, y pagar las otras cuotas e impuestos tendrán que salir a pagar por salud, vivienda, alimentación y guarderías, en lugar de que lo haga el gobierno al que ya se le paga por estos derechos.

Otra de las quejas es que muchas de las disposiciones son ambiguas y no queda claro si aplican en el caso de los empaques, o disposiciones como “estar fuera de las poblaciones”, como en el caso de las escuelas, o de los servicios de guarderías que es cuando las tendría que garantizar el empleador, pero si estén dentro, las garantiza el Estado. Otra duda es si aplica solo a trabajadores estacionales o también a trabajadores avecindados que trabajan en las agrícolas.

De  ahí la molestia de a entrada en vigor, sin haber aclarado todas estas dudas, y donde hay fuertes multas que pueden llegar hasta los 270 mil pesos de cobro por las infracciones detectadas.
Este tipo de propuestas tienen una motivación loable, pero puede impulsar a que más productores se muevan a la informalidad, lo que sería contraproducente para los jornaleros, que es la población que se busca proteger con esta reforma. Muchas veces esos productores informales son los que cometen los mayores abusos contra los jornaleros y no los que tratan de hacer las cosas bien, que ahora con esta reforma se les incrementarán sus costos.