El campo Mexicano, ha pasado por grandes cambios en las últimas décadas, su tejido social, cultural y económico es cada vez más complejo. Por ello, las partes interesadas en resolver los problemas de la nueva sociedad rural, frecuentemente se esfuerzan para incidir en el curso de las políticas públicas con el fin de resolver en cierto grado, dichas problemáticas sociales.
En este sentido, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), el Colegio de México, la UNAM y la FAO, fueron convocados por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), para realizar un documento con una visión holística e integral que alude a la competitividad con sostenibilidad ambiental, a la reducción de la pobreza, a la generación de mecanismos de articulación entre el medio rural y los centros urbanos, orientación del gasto hacia bienes públicos, una reforma institucional y disminuir la brecha de desigualdad de género y entre productores pequeños y de mayor escala, ofreciendo al nuevo gobierno alternativas en el estudio llamado “ La nueva sociedad rural”.
Este trabajo, fue presentado ante el Senado de la República en el mes de abril de este año y plantea que existe una necesidad de enfrentar los retos del campo con un enfoque territorial. También señala, que la forma en la que el gobierno se relaciona con el campo se tiene que modernizar y apuntar hacia la adopción de una gobernanza, esto, en el entendimiento de que los actores locales han adquirido un mayor grado de conciencia en el papel que juegan en sus propias comunidades y es necesario que los esfuerzos de todos, sean estos empresarios, productores, servidores públicos y grupos organizados de la sociedad civil se articulen para que las actividades en las que en algún momento convergen, se lleven a cabo de forma más eficiente, buscando el bienestar común.
Definitivamente, como dice el estudio, no es una tarea fácil para el gobierno, equilibrar el peso de la globalización y de algunos organismos inter-gubernamentales o privados, con otros actores sociales menos poderosos. En la hora de definir el curso de las políticas rurales, las instancias gubernamentales se ven rebasadas con frecuencia en su capacidad de articular y consensar con organismos no gubernamentales fuertemente vinculados al campo y se requiere de un esfuerzo activo para ir construyendo ese espacio en común que se necesita fomentar con los otros actores sociales y el aseguramiento de la gobernabilidad y la legitimidad del gobierno.
La gobernabilidad en varias regiones del país se ha visto erosionada, debido el recrudecimiento de la guerra contra las drogas (2007-2017) sobre esta delicada situación, se señala que el crimen organizado ha logrado someter a algunas poblaciones rurales para la producción, tráfico de drogas u otras actividades ilícitas como el robo de combustible, en este tema se alarmó sobre la importancia de impulsar el diálogo en torno a la descriminalización y legalización de las drogas para ofrecer a las comunidades vulneradas por el flagelo de los cárteles, alternativas de paz, mediante el desarrollo de empleos formales, nuevas figuras de derrama económica, captación de impuestos para financiar programas de salud y un marco legal que propicie el aumento de la confianza en los sistemas de justicia.
Por otra parte, en el texto se indica que la intensificación de las actividades mineras y energéticas sin la debida consulta con las comunidades locales, ha movilizado a ciertos grupos, a defender sus territorios, lo que habla de fallas en materia de transparencia y democratización en los gobiernos locales y se evidencia que se encuentran pocos mecanismos de gobernanza entre la población y los agentes económicos regionales, nacionales e internacionales.
Hasta este punto, los expertos delinearon cuatro desafíos en materia de articulación entre los distintos actores que interactúan para asegurar la gobernabilidad:
- La representación, para los actores emergentes y aquellos históricamente excluidos.
- Que las agencias gubernamentales a los tres niveles adopten el enfoque de la gobernanza buscando aumentar sus capacidades para fomentar relaciones transparentes y consistentes entre los distintos actores que participan en el sistema agroalimentario.
- La elaboración de políticas a largo plazo que brinden mayor estabilidad y resiliencia.
- Que existan mercados competitivos que superen la lógica de los monopolios y de grupos predominantes.
Entonces, la tarea se reparte en diferentes sentidos entre los grupos de personas que trabajan dentro del sistema agroalimentario, los actores no gubernamentales tendrán que impulsar al gobierno, para que este desarrolle mecanismos que ayuden a la coordinación y concurrencia, entre actores heterogéneos, y las partes gubernamentales tendrán que preocuparse por articular las voluntades y estrategias de más actores en de las políticas públicas, así como llevar la batuta en la asignación de responsabilidades hacia adentro, esto para aumentar sus capacidades de gobernar.
En esta parte, la creación de comités especiales promovidos por el Congreso, son vitales para atender temas específicos del ámbito rural, lo mismo, el acceso a la consulta pública, a los expertos y a las instancias privadas, sirven como adhesivo para que el Ejecutivo federal y los ejecutivos estatales y municipales tengan la batuta y actúen en pro de la gobernanza, para que en México se pueda adaptar a los retos de la gobernabilidad.
Fuente:
https://www.rimisp.org
